martes, 8 de septiembre de 2009

Subida de Impuestos (II). Sobre las Sicav

Se abre, de nuevo, el debate. Indudablemente estas sociedades son el vehículo preferido por los grandes patrimonios para gestionar su patrimonio. Son flexibles, seguras, reguladas y, además, tienen una tributación atractiva. Las Sicav son sociedades anónimas que gozan de un tipo reducido (1%) por el hecho de cumplir una serie de requisitos, siendo el principal su carácter “colectivo”: tienen que tener al menos 100 accionistas. No es cierto que los “ricos” no paguen impuestos en estas sociedades. Los accionistas de estas sociedades pagan impuestos cuando salen de las mismas, igual que cuando venden una acción o un fondo de inversión.

El hecho de tributar a un tipo reducido significa que mientras que no necesitan su dinero, pueden gestionarlo de manera eficiente, con un coste fiscal del 1% mientras retrasan el pago del impuesto. Hasta la fecha, el debate sobre las Sicav residía en si tenían realmente carácter colectivo. El hecho de contar con 100 accionistas pero no exigir una diversificación accionarial (como exigía la interpretación de la norma hasta 1997) ha hecho que muchas familias o grandes patrimonios hayan utilizado estos vehículos prácticamente con carácter exclusivo, buscando los 100 accionistas para acompañarles con un muy poquito dinero (una acción). Esto podría redundar en un fraude de ley, al eliminarse el carácter colectivo de la sociedad. Por aquí han ido siempre los debates en torno a las Sicavs.

En estos momentos, el debate gira en un sentido muy distinto: no se habla del carácter colectivo ni de si se cumplen los requisitos exigidos por la norma o no. Simplemente se dice que al ser un vehículo utilizado por los ricos, estos deben pagar más. El riesgo que esto supone es manifiesto. Primero, no se puede cambiar la norma sin afectar al resto de instituciones de inversión colectiva. Segundo, los grandes patrimonios, al contrario que los pequeños ahorradores, si que tienen medios para movilizar su ahorro hacia territorios donde exista un tratamiento más favorable. Ojo, no se habla de eludir impuestos, sino de buscar instrumentos más eficientes para gestionar su patrimonio a largo plazo. Tercero, existe una industria alrededor de las Sicavs que genera muchos puestos de empleo. Desde las gestoras, hasta los abogados, los auditores o los depositarios de las mismas. Si se eliminara el trato favorable es más que probable que gran parte de esos puestos de trabajo se perdieran en un plazo no demasiado largo. Por último, calculo que entre un 20% y un 30% del patrimonio de las Sicavs está invertido en Deuda Pública española, contribuyendo con ello a la financiación de nuestra economía. Si este patrimonio estuviera domiciliado en otro país es más que probable que estas cantidades “volaran” hacia activos de otros países de nuestro entorno.

Por tanto, me ha sorprendido sobremanera las declaraciones de algún representante de la oposición “azuzando” a la Ministra de Economía al cambio de tratamiento fiscal de las Sicavs. Parece mentira que quién impulsó el cambio en su día y quién ha defendido el tratamiento vigente durante muchos años, se dedique ahora a hacer demagogia con un tema tan sensible...

Subidas de impuestos ¿Qué hemos hecho para merecer esto? (I)

Hace varias semanas comentaba lo que nos esperaba a consecuencia de la errática política económica de nuestro gobierno, sobre todo en lo referente a la política de gastos: subidas de impuestos. Pues bien, ya estamos aquí. Ya sabemos que los impuestos subirán. Sin embargo, después de varios días de idas y venidas (dialécticas) no tenemos ni idea de qué impuestos subirán ni, por supuesto, cuánto.

Lo que si parece claro es que las mayores subidas recaerán en las rentas del capital (plusvalías, dividendos, rendimientos) y, casi con toda seguridad, por mucho que se empeñen en decirnos que no, en el IRPF (en este caso, al eliminar la deducción de 400€ que tan airadamente nos vendieron en Marzo de 2008, justo antes de las elecciones ¿se acuerdan?). No sabemos todavía, pero sospechamos, que la “reintroducción” del impuesto sobre el Patrimonio está al caer; tampoco descartamos la vuelta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, eliminado de varias Comunidades hace varios años. Sobre el IVA se ha escrito mucho, pero de momento parece que no se toca. Por último, el aumento de impuestos ha puesto sobre la mesa, una vez más, la conveniencia de modificar el trato fiscal de las famosas Sicav.

Vamos por partes. El déficit público ha alcanzado los 50.000 millones de euros. Increíble pero cierto. Y subiendo. El parón de la actividad económica lleva aparejada una drástica reducción de los ingresos del Estado. Además, el aumento del paro y las medidas de estímulo aplicadas han desbordado el gasto público. Consecuencia: aumento del desequilibrio entre ingresos y gastos, es decir, déficit público. En esta situación, el Estado debe actuar de forma rápida y contundente, para tratar de evitar que el déficit público se desborde. Primero para evitar hipotecar el crecimiento futuro del país pero además, porque el pertenecer a la Unión Económica Europea y estar dentro del euro supone haber aceptado una serie de compromisos. Uno de ellos, no superar el 3% de déficit. Pero al mismo tiempo tiene que garantizar el normal funcionamiento de las instituciones y el estado del bienestar.

Este difícil equilibrio hace que sea necesario estudiar todas las medidas posibles, entre las que se encuentra la subida de impuestos. El problema reside en la contradicción permanente a la que nos somete el Gobierno. “Subir impuestos para sufragar entre todos el gasto social”. Este es el lema que trata de inculcarnos con su discurso el Presidente del Gobierno. Me da la impresión de que el Presidente del Gobierno (príncipe de la demagogia) no acudió a las “dos tardes” ofrecidas por Jordi Sevilla hace ya casi 6 años para aprender el funcionamiento de la economía. Subir impuestos si, siempre que se hayan eliminado todos los gastos innecesarios y se haya apretado el cinturón desde el primero hasta el último de los actores sociales. La política emprendida por el Gobierno va exactamente en la dirección contraria: hay que gastar, gastar y gastar. Ya pensaremos cómo, o mejor dicho, quién, paga la factura. Ahora tocan los 420€ a los parados, las subidas de las pensiones mínimas y el poder adquisitivo de los funcionarios.

España tiene muchos problemas pero el más grave, probablemente, sea la necesidad de financiación exterior. Para financiar nuestra economía necesitamos dinero de fuera. ¿Porqué? Sencillamente porque con nuestro ahorro interno no somos capaces de financiar nuestro déficit. Creo que cualquier medida que ponga en riesgo el ahorro a largo plazo de nuestros ciudadanos no es acertada. Como tampoco es acertado subir impuestos que graven el consumo en un momento en el que la recuperación económica ni siquiera ha asomado la cabeza. Por tanto, hay que actuar sobre el gasto mucho antes que hacerlo sobre los ingresos. Desgraciadamente subir impuestos no es sinónimo de aumentar la recaudación. Creo que esto se lo han debido soplar a la Ministra de Economía y por eso, de momento, “sólo” tiene previsto actuar sobre lo que consideran menos elástico: el ahorro. Es muy difícil para los españolitos movilizar su ahorro para eludir el aumento de la presión fiscal. Y que no nos tomen el pelo: la subida afectará a TODOS los que tienen algo de dinero ahorrado, desde mi tía con 94 años que con su pensión no podría pagar sus gastos si no viviera con sus otras dos hermanas, hasta mi sobrino, que lleva varios años ahorrando para pagar su Universidad...