Se abre, de nuevo, el debate. Indudablemente estas sociedades son el vehículo preferido por los grandes patrimonios para gestionar su patrimonio. Son flexibles, seguras, reguladas y, además, tienen una tributación atractiva. Las Sicav son sociedades anónimas que gozan de un tipo reducido (1%) por el hecho de cumplir una serie de requisitos, siendo el principal su carácter “colectivo”: tienen que tener al menos 100 accionistas. No es cierto que los “ricos” no paguen impuestos en estas sociedades. Los accionistas de estas sociedades pagan impuestos cuando salen de las mismas, igual que cuando venden una acción o un fondo de inversión.
El hecho de tributar a un tipo reducido significa que mientras que no necesitan su dinero, pueden gestionarlo de manera eficiente, con un coste fiscal del 1% mientras retrasan el pago del impuesto. Hasta la fecha, el debate sobre las Sicav residía en si tenían realmente carácter colectivo. El hecho de contar con 100 accionistas pero no exigir una diversificación accionarial (como exigía la interpretación de la norma hasta 1997) ha hecho que muchas familias o grandes patrimonios hayan utilizado estos vehículos prácticamente con carácter exclusivo, buscando los 100 accionistas para acompañarles con un muy poquito dinero (una acción). Esto podría redundar en un fraude de ley, al eliminarse el carácter colectivo de la sociedad. Por aquí han ido siempre los debates en torno a las Sicavs.
En estos momentos, el debate gira en un sentido muy distinto: no se habla del carácter colectivo ni de si se cumplen los requisitos exigidos por la norma o no. Simplemente se dice que al ser un vehículo utilizado por los ricos, estos deben pagar más. El riesgo que esto supone es manifiesto. Primero, no se puede cambiar la norma sin afectar al resto de instituciones de inversión colectiva. Segundo, los grandes patrimonios, al contrario que los pequeños ahorradores, si que tienen medios para movilizar su ahorro hacia territorios donde exista un tratamiento más favorable. Ojo, no se habla de eludir impuestos, sino de buscar instrumentos más eficientes para gestionar su patrimonio a largo plazo. Tercero, existe una industria alrededor de las Sicavs que genera muchos puestos de empleo. Desde las gestoras, hasta los abogados, los auditores o los depositarios de las mismas. Si se eliminara el trato favorable es más que probable que gran parte de esos puestos de trabajo se perdieran en un plazo no demasiado largo. Por último, calculo que entre un 20% y un 30% del patrimonio de las Sicavs está invertido en Deuda Pública española, contribuyendo con ello a la financiación de nuestra economía. Si este patrimonio estuviera domiciliado en otro país es más que probable que estas cantidades “volaran” hacia activos de otros países de nuestro entorno.
Por tanto, me ha sorprendido sobremanera las declaraciones de algún representante de la oposición “azuzando” a la Ministra de Economía al cambio de tratamiento fiscal de las Sicavs. Parece mentira que quién impulsó el cambio en su día y quién ha defendido el tratamiento vigente durante muchos años, se dedique ahora a hacer demagogia con un tema tan sensible...
Hace 5 meses